Tras finiquitar lo que le quedaba en activos líquidos, la Administración de los Sistemas de Retiro (ASR) evalúa qué hacer con los cerca de $543 millones que le quedan en préstamos, ciertas inversiones que todavía mantiene en libros, incluidos bonos del gobierno y hasta su edificio principal.
Se trata de los últimos recursos que le quedan al único plan que se encuentra en bancarrota bajo el Título III de la ley Promesa y el único sistema de pensiones que recurrió a tomar prestado con la expectativa de que una maniobra de inversiones lo ayudara a salir de su abismo.
También es el plan del que dependen 119,917 jubilados y del cual otros 107,000 esperan cobrar algún día lo que ahorraron para retirarse.
Ahora, la JSF pretende aminorar el colapso de los planes de pensiones obligando a un recorte promedio de 10 por ciento a todas las pensiones vigentes y transfiriendo a manos privadas el manejo de las cuentas de aportación definida que poseen los empleados que todavía están activos.
La semana pasada, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares radicó un nuevo plan fiscal revisado que no incluye el recorte a las pensiones que solicitó la JSF.

El año pasado, no obstante, el mandatario legisló parte de la propuesta de ajustes que requirió la JSF al aprobar el proceso para transferir las cuentas de retiro de los empleados activos al sector privado.
“Tenemos que ser cautelosos y ver cómo procedemos con estos activos que nos quedan”, dijo el administrador de la ASR, Luis Collazo, al reconocer que los tiempos que vive Retiro son el fruto de una mala gestión.
Retahíla de pobre administración
Según Collazo, la ASR fue objeto de múltiples iniciativas en las pasadas dos décadas “para detener el sangrado” de un sistema que, desde casi el principio de su existencia, otorgaba más en beneficios de lo que podía acumular para pagarlos.

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A finales de la década de 1990, se cerró el plan que otorgaba una pensión según la edad y años de servicio para dar paso a la Reforma 2000. Antes de eso, se enmendó el plan para aumentar la edad de jubilación plena y los años de servicio para recibir una pensión.
Hace unos cinco años, se redujo la aportación al plan médico que reciben los jubilados, se eliminó la pensión que recibían los viudos y se hizo lo mismo, parcialmente, con el bono de Navidad y de medicamentos, beneficios que se legislaron sin asignar recursos adicionales.
Según Collazo, se trató de “un parche”, porque no tuvo elefecto que buscaban.
Otro nuevo intento, según Collazo, fue aumentar las aportaciones patronales que hacían las agencias, corporaciones públicas y municipios y habilitar un mecanismo de aportaciones escalonadas.
“Se perseguía allegarle fondos al sistema con la aportación uniforme, pero los patronos no enviaban la aportación y, por lo tanto, ese funding, esa capitalización del sistema, nunca se ejecutó. El gobierno no hizo las aportaciones y no se fue proactivo en el cobro a las agencias y los municipios”, agregó.

Lo que queda para los pensionados
Según las valoraciones más recientes de la ASR, la cartera de préstamos otorgados a jubilados y participantes activos del gobierno central, ciertas corporaciones públicas y municipios ronda los $420 millones.
A esa cifra, se le añaden los bonos de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina), que la ASR adquirió entre 2009 y 2012, bajo la premisa de que, al prestar dinero al gobierno central, accedería a rendimientos más altos.
Sin embargo, a la fecha, lo que queda de esa inversión, debido a que los bonos Cofina han perdido más de la mitad de su valor, son unos $36 millones.
El edificio principal de la ASR, que ubica en Hato Rey y sufrió daños visibles tras el huracán María, tasó en un momento dado unos $10 millones. El total de activos restantes lo completan $76 millones en fondos de inversión privada.

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Aun si la ASR tuviera suerte y lograra vender tales activos según los ha registrado en sus libros, la cifra de $543 millones apenas daría para pagar las pensiones de los empleados públicos por apenas cuatro meses adicionales, de no ser porque, como parte de la reforma a las pensiones, la JSF autorizó que el pago a los jubilados se convierta en una obligación del Fondo General.
Inversiones y deuda
En el caso de la inversión en fondos privados, la colocación resulta inexplicable para Collazo.
“Si vendemos ahora lo que hay en private equity (capital de inversión privada), podemos perder $26 millones de esa inversión en private equity, pero, si esperamos cinco años, podría subir a $110 millones”, dijo Collazo.
“En verano de 2016, la Junta decidió aumentar la inversión entre $60 millones y $70 millones cuando ya se sabía que el sistema estaba en problemas de liquidez y se estaban liquidando activos de la cartera de inversiones”, sostuvo el funcionario, quien indicó que la decisión de invertir en fondos de inversión privada fue producto del comité de inversiones de la ASR.
La ASR, al igual que todo plan de pensiones, suele invertir el dinero de sus participantes siguiendo unas políticas particulares y el consejo que provee su consultor financiero. En el caso de la ASR, una firma con sede en el estado de Tennesse y de nombre Gavion Associates actúa como consultor financiero desde la pasada administración.
Las colocaciones en fondos de inversión privada suelen producir rendimientos relativamente altos, pero a un riesgo mayor que las inversiones en bonos de alta calidad, aparte de que requieren de más tiempo para que dejen réditos al inversionista.
“Se determinó invertir en private equity y eso, sumado a la emisión de bonos del 2008 y la no llegada de aportaciones, fue minando las finanzas del sistema de retiro”, dijo Collazo al incluir en la lista de desaciertos la emisión de $3,000 millones que comprometió las aportaciones patronales como fuente de repago.
La propuesta de la Junta
De acuerdo con el jefe de la ASR, si la JSF materializa el recorte a las pensiones, la decisión se agregaría a todos los ajustes ya experimentados por los jubilados.
De entrada, partiendo de las cifras de la ASR, la propuesta afectaría directamente a 60,000 pensionistas porque la propuesta contempla ajustar la pensión a todas las personas que reciban un pago de más de $1,000 al mes.
Sin embargo, como el cálculo para determinar los $1,000 por mes se hará utilizando lo que también paga el Seguro Social, el universo de pensionados afectados podría sobrepasar los 100,000. La pensión promedio de la ASR, un plan distinto que el de los jueces, ronda $1,050 al mes.

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“Es un recorte que afectaría negativamente esta población que depende de ese ingreso para subsistir y ha planificado sus vidas con ese ingreso”, indicó Collazo.
“Entiendo que la Junta está desenfocada en lo que es la propuesta porque un 10% (de recorte) no va a hacer mella en la economía o ayudar al balance fiscal”, añadió.
Los educadores
“Para los pensionados del Sistema de Retiro para Maestros (SRM), la propuesta sería devastadora, pues los maestros no aportan al Seguro Social”, dijo, por su parte, el administrador del plan de pensiones de los educadores y personal educativo, Armando Rivera Díaz.
Explicó que uno de los aspectos más detrimentales de la propuesta es que el cálculo para ajuste que requiere la JSF se hace partiendo de la pensión que se devenga. Sin embargo, en muchos casos, lo que recibe el jubilado es una cuantía menor porque muchos participantes del sistema tienen préstamos que pagan con descuentos automáticos del cheque.
Según los cómputos del SRM, cada año se pagan en beneficios de pensión $820 millones. La pensión promedio de ese sistema, que tiene 43,776 jubilados, ronda los $1,443 al mes.
Si se aplicara el ajuste que propone la JSF, explicó Rivera Díaz, ello afectaría a sobre 31,000 jubilados, y asestaría un golpe al presupuesto de esa población y de la economía de alrededor de $66.8 millones al año.
La historia del Sistema de Retiro para Maestros no es muy distinta a la ASR. Entre las iniciativas que contribuyeron a la muerte del sistema en el que todavía cotizan 32,230 personas, se encuentran, como en la ASR, programas de retiro temprano, reducción de los años de servicio como requisito para la jubilación y el no envío de aportaciones a tiempo por parte del Departamento de Educación y el gobierno cuando se trató de beneficios particulares, como el bono de medicamentos.
Según Rivera Díaz, hasta marzo pasado, al SRM solo le quedaban $19.3 millones en efectivo. Mientras, la cartera de préstamos del SRM y sus inversiones en fondos de inversión privada totalizaban $296 millones hasta el mismo período.
“(Con la propuesta de la JSF), se afecta el poder adquisitivo del maestro, que, en su mayoría, es para el consumo de medicamentos y alimentos. Será un fuerte golpe a los que tuvieron la responsabilidad de educar a la mayoría de los puertorriqueños”, acotó Rivera Díaz